Quispe alertó que la Fiscalía Superior de Perú pretende bloquear las investigaciones sobre los abusos sobre los manifestantes, intentando que las víctimas pasen a tener la condición de investigados en la misma carpeta fiscal.
Según el letrado, las irregularidades se hicieron evidentes cuando Marco Guzmán Baca, titular del cuarto despacho de la sexta fiscalía provincial penal de Lima, se inhibió de las investigaciones sobre las agresiones a policías y remitió el caso a la Fiscal Superior, Marena Mendoza Sánchez, coordinadora del Equipo Especial de Fiscales Especializados en Derechos Humanos, según recoge La República.
De acuerdo con Quispe, la fiscal Mendoza Sánchez emitió “una resolución inaudita, inexplicable, arbitraria e ilegal el 10 de mayo último, donde resuelve la acumulación de las carpetas fiscales 298 y la 79”, correspondiendo la primera a la investigación sobre las presuntas agresiones a los policías, y la segunda a la que se ocupa de los ataques a los manifestantes.
Para el letrado, esa unificación es "una aberración jurídica, porque una persona no puede ser agraviada y denunciada en una misma carpeta fiscal, no puede ser víctima e investigada a la vez".
Por otra parte, Dina Boluarte fue citada por la Fiscalía de la Nación de Perú para declarar sobre las muertes en las protestas sociales las cuales dejaron más de 60 fallecidos.
Aunque la defensa legal de la presidenta de Perú confirmó su presencia para el 31 de mayo, poco después reprogramó la fecha con la justificación de liderar un simulacro nacional. La mandataria peruana es actualmente investigada por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”.
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